TINI
STOESSEL SIN DINERO: AUDITORIA MILLONARIA A SU PADRE Y QUE DELITOS HABRIA COMETIDO
Una pericia contable reveló que la artista de 29 años no controla ni posee acciones en las sociedades que gestionan sus ingresos e imagen.
El Litoral
Tras desvincularlo del rol de representante, analizan posibles
encuadres penales como administración fraudulenta y delitos
tributarios.
El
quiebre profesional entre Martina "Tini"
Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel, escaló a un
terreno estrictamente legal e institucional. Tras quince años de
trabajo conjunto y una facturación estimada en cerca de 70 millones de
dólares desde sus inicios artísticos, una auditoría privada encarada
por un estudio jurídico-contable reveló profundas irregularidades en
el esquema económico de la cantante.
El
informe preliminar arrojó que la totalidad de los derechos económicos derivados
de la música, los contratos comerciales y el uso de imagen de la artista
pertenecen a sociedades argentinas y extranjeras en las que la propia Tini no cuenta con participación
accionaria, firmas autorizadas ni control operativo.
Entre
las conclusiones de la pericia contable —a la cual accedieron
letrados y especialistas del sector— se destaca que el cobro de los contratos
discográficos pasados y futuros recae de forma exclusiva en estructuras
societarias que administra su progenitor. La cantante firmó
documentación de cesión o autorización por confianza en su entorno familiar,
pero sin haber cedido expresamente la titularidad de sus derechos
artísticos o comerciales.
La
situación patrimonial muestra además que recién en junio de 2026, mediante
la mediación de un nuevo equipo de letrados, Tini logró el acceso a una cuenta bancaria
de titularidad exclusiva. En la actualidad, la artista afronta una gira
con más de 30 fechas programadas en América Latina y Europa sin
contratos directos que le aseguren la percepción de las ganancias de su obra,
por lo que exige el cierre del modelo de representación anterior y la
reorganización de su patrimonio.
De
confirmarse formalmente el detrimento económico en el ámbito judicial, la
conducta podría quedar encuadrada bajo las figuras penalmente tipificadas de administración fraudulenta y defraudación.
Ambos delitos prevén escalas penales de uno a seis años de prisión.
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